Aprobación de un real decreto para registrar el consumo de calefacción

Aprobación de un real decreto para registrar el consumo de calefacción

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que regula la contabilización de consumos individuales de calefacción. Según esta normativa, antes del 1 de mayo de 2023, todos los edificios con calefacción central en España, aproximadamente 1,5 millones de hogares, deberán instalar contadores de calorías o repartidores de costes de lectura remota. Esta medida no aplicará a los inmuebles exentos por razones de rentabilidad o viabilidad técnica. El decreto también establece un calendario para solicitar presupuestos e implementar las instalaciones, además de un régimen de sanciones por incumplimiento.

La implementación de esta medida promete significativos ahorros económicos y una reducción en las emisiones de gases contaminantes. Según ISTA, se estima un ahorro de 1.100 millones de euros en cinco años y una disminución de 1,05 millones de toneladas de CO2 anuales, con un ahorro promedio de 250 euros por hogar al año.

Ignacio Abati, director general de ISTA, destaca que la aprobación del Real Decreto coloca a España en línea con el marco europeo de eficiencia energética, impulsando la lucha contra el calentamiento global y fomentando la creación de empleo.

El decreto establece plazos específicos para la obtención de presupuestos y la instalación de los dispositivos, con fechas límite que varían según la zona climática y el tamaño del edificio. Los edificios en zonas más frías y con más de 20 viviendas son los primeros obligados a cumplir con la normativa.

El Gobierno estima que la aplicación del Real Decreto generará entre 2.000 y 3.000 empleos directos e indirectos. Además, se destinarán fondos para ayudar a los colectivos más vulnerables en la implementación de esta medida, que busca un consumo más eficiente.

La normativa entrará en vigor tras su publicación en el BOE, y las comunidades de vecinos deberán proceder con la instalación de los equipos según los plazos establecidos. Esta regulación, que adapta la normativa española al marco europeo, llega tras años de retraso y advertencias de Bruselas sobre el incumplimiento de las directivas de eficiencia energética.

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